POLEMICA
 La Administración regional y europea amenazan a los agricultores con multas millonarias y les conminan a arrancar sus viñedos en menos de dos meses por no disponer de derechos de plantación
  Viticultores ‘sin papeles’
  No están cultivando ningún producto ilegal en sus tierras y, sin embargo, las administraciones les amenazan con multas millonarias y les conminan a arrancar sus plantaciones en un plazo no superior a los dos meses. Son viticultores con viñedos sin derechos.
  La polémica colea desde hace muchos años. Desde que la Unión Europea se empeñó en acabar con los excedentes de vino y tuvo la iniciativa de exigir el arranque de los viñedos ilegales. El sector dio por hecho que la Junta no cumpliría dicha exigencia y los viñedos no fueron arrancados. Ahora, la Administración Regional se ha hecho fuerte amparándose en la normativa europea y reclama la desaparición de las viñas sin papeles plantadas después de 1998.
  La Junta de Castilla y León, además, no parece dispuesta a transigir y pretende llegar al final del proceso de arranque por el camino más corto, o lo que es lo mismo, que ha dado dos meses de plazo a los agricultores para que arranquen sus viñas, si no quieren ser multados con cantidades que empiezan en los 3.000 euros pero que podrían incrementarse bastante más en caso de desobediencia.

 Viñedos en espaldera de cualquier rincón de la geografía castellana y leonesa. / FOTO: JOSE FRANCISCO GAMAZO
   Los viticultores, por su parte, han empezado a organizarse. En Zamora, donde la Dirección General de Producción Agropecuaria estima en 1.400 hectáreas los viñedos ilegales, los propietarios de este tipo de cultivos han decidido plantar cara a la Junta de Castilla y León y a la Unión Europea y recurrir, si es preciso, a las instancias judiciales que sean necesarias para no tener que arrancar sus plantaciones.
  De momento se han convertido en una asociación de tipo provincial, denominada Colectivo de Propietarios contra el Arranque de Viñas, aunque ya han comenzado los contactos con viticultores del resto de la Comunidad Autónoma para luchar juntos contra la Administración Regional.
  Entre los argumentos que manejan los agricultores destacan los basados en el sentido común y en el derecho individual de cada propietario a plantar en sus tierras lo que le venga en gana.
   Los viticultores esgrimen todo tipo de razones para apostar por la desobediencia. Entre las más sensatas, las que hablan de que la mayor parte de los viñedos que se pretenden arrancar son de pequeño tamaño y destinados a producir uva para hacer vino casero o que todos esos viñedos han sido plantados sin subvenciones y que sus propietarios han preferido no sembrar los siempre lucrativos productos acogidos a la Política Agraria Común por el simple deseo de tener unas cepas propias.
  Los propietarios de los viñedos sin papeles aseguran, además, que no tiene sentido apostar cada día por el medio ambiente y luego contribuir a la desertización con la conversión en un erial de decenas de miles de hectáreas.
   Los agricultores no piensan que el arranque de sus viñas vaya a solucionar el problema de los excedentes. En primer lugar, porque se calcula que los viñedos ilegales suponen menos de 8% del total. En segundo lugar, porque la mayor parte de estos productores no vende sus cosechas a las bodegas y no pueden por tanto ser los causantes del bajo precio de la uva ni del exceso de producción. La recién creada asociación de viticultores afectados por la orden de arranque es muy dura con las administraciones y tacha la medida de «política, desproporcionada e injusta ».
  Además, la agrupación considera que daña directamente una de las actividades más tradicionales del país y perjudica a un importante número de «humildes economías domésticas».
  Los agricultores no se muestran contrarios a que se impongan sanciones para aquellas bodegas o para aquellos propietarios que incumpliendo las leyes de comerciar con la producción de viñedos sin papeles.
  Una cosa es hacer cumplir la ley y otra que se niegue a los ciudadanos «el derecho y la libertad de plantar lo que crean conveniente» siempre y cuando no se trate de productos nocivos para la salud.